La Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz expresa su respaldo, solidaridad y profunda preocupación ante la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del INAFCI frente a la decisión del Gobierno Nacional de cerrar el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).

Esta decisión gubernamental afectará en Corrientes a casi 12.000 núcleos de Agricultura Familiar registrados a lo largo de los últimos cuatro años, que recibían de ese organismo un soporte de asistencia de diverso tipo, clave para el desarrollo de esa actividad rural y periurbana. En la Argentina, la Agricultura Familiar representa más del 80 % del sector agropecuario y sus 900 profesionales trabajan desde hace más de 25 años con pequeños productores de todos los rincones del país mejorando la producción de alimentos como verduras, carnes, huevos, etc. y asegurando que lleguen cada día a todas las mesas argentinas.

Justicia y Paz acompañó en diversas oportunidades jornadas, ferias y encuentros de Agricultura familiar en Corrientes y pudo constatar, a través del testimonio de los pequeños agricultores, el invaluable aporte de los técnicos del INAFCI, quienes realizaban sus tareas con responsabilidad profesional y solidaria. Su labor ha sido fundamental para visibilizar el sector, diversificar la producción de alimentos, abastecer pequeños mercados locales y promover el cuidado de los bienes naturales en nuestros ecosistemas. Además, su compromiso ha fomentado el trabajo comunitario y organizado en cooperativas y asociaciones, generando movimientos solidarios que proponen políticas públicas en beneficio de los pequeños productores. La ausencia del INAFCI dejará desamparadas a muchas comunidades que dependen de estos apoyos para su desarrollo.

Finalmente, no obstante, el protagonismo de la familia rural en el progreso de sus pueblos y su considerable aporte en la producción global de alimentos, siguen siendo golpeadas por la pobreza y la escasez de oportunidades. El cierre del INAFCI golpea aún más no solo a las familias productoras, restándole recursos y oportunidades, sino también a las 900 familias de quienes trabajan en ese Instituto.

Por eso, Justicia y Paz sostiene que es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad y fortalezca el acompañamiento hacia las familias campesinas a través de un INAFCI bien estructurado y con los recursos necesarios, y reconsidere la decisión de su cierre. Solo así se podrá detener el creciente desplazamiento del campesinado y garantizar la soberanía alimentaria de la comunidad correntina y argentina.

Corrientes, 21 de marzo de 2024